La ubicación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en España ha generado un intenso debate político y social, desde que el pasado 30 de diciembre el Ministerio de Industria abriera un plazo de un mes, que finaliza hoy, para presentar candidaturas. No obstante, las luchas entre defensores y detractores comenzaron ya en diciembre de 2004, cuando la Comisión de Industria aprobó una resolución en la que se consideraba que el ATC es la respuesta “más adecuada” para el almacenamiento de residuos radiactivos. Se promete una inversión en el ATC de unos 700 millones de euros mientras que la construcción de las instalaciones dará trabajo a unas 300 personas al día durante los cinco años que se calculan para la ejecución de la primera fase del proyecto. La zona en la que se instale el almacén nuclear percibirá unas compensaciones económicas que serán fijadas mediante una Orden del Ministerio de Industria y se financiarán con las tasas que pagan las empresas. Según el borrador de esa Orden Ministerial, el municipio que acoja el ATC y los situados en su entorno -aquellos cuyo término municipal esté a menos de 10 kilómetros de la instalación o cuyo núcleo poblacional esté a menos de 20- recibirán, por parte de ENRESA, 6 millones de euros anuales, cantidad que empezarán a cobrar cuando comience el almacenamiento de combustible. Además, se contempla otra partida de 1,8 millones de euros para cofinanciar proyectos de desarrollo local, con lo que, en total, la asignación al emplazamiento del ATC podrá ascender a 7,8 millones de euros anuales. Hasta ahora se han presentado los siguientes candidatos.

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