La intervención policial ha desarticulado una red de más de 22 personas (entre un ellas un funcionario de prisiones, un concejal y a un doctor en historia) que rastreaban yacimientos con detectores de metales, excavándolos de forma muy agresiva y causando daños irreparables en muchos de ellos, para terminar vendiendo la mayoría de las piezas a través de internet. Han sido decomisadas 10.000 piezas arqueológicas y paleontológicas, además de 12.000 monedas procedentes de yacimientos de Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana.
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